Justificación

Justificación

La regulación de la economía, controlar el flujo de dinero, supervisar la actividad bancaria, impedir que existan monopolios, otorgar licencias para llevar a cabo ciertas actividades, ordenar el uso del suelo y de los espacios urbanos y rurales, garantizar la protección del ambiente y otras funciones similares parecen actividades necesarias del Estado en cualquier país.

El peligro está en que el Estado se extralimite en el ejercicio de sus funciones, coartando la iniciativa privada o distorsionando el funcionamiento normal de la economía. La imposición de controles excesivos y protección indebida a ciertos sectores son algunos de los riesgos en esta área. Los representantes del Estado deben estar conscientes que tan importante como evitar abusos e irregularidades es el fomento de las actividades productivas. La tarea principal del Estado, en este campo, es garantizar a los inversionistas reglas estables y justas, estimular la generación de empleo y promover la competitividad, con el objeto de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 112 lo siguiente:

Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. (Resaltado de las autoras).

Al relacionar este artículo con el artículo 299 de la misma Carta Magna que establece que:

Artículo 299: El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta. (Resaltado de las autoras).

Se reconoce que la iniciativa privada puede generar mayores oportunidades de empleo y mayor eficiencia y eficacia en el suministro de bienes y servicios dadas las condiciones de competencia en el mercado, sin contar con que el sector económico formal representa una fuente de ingresos a la nación mediante la recolección de impuestos.

El Estado debe asumir y cumplir su rol de Estado y no desviarlo hacia el rol de empresario

Garantizar la Seguridad Social también es obligación del Estado. Esa Seguridad tiene como objetivo proteger a todos los miembros de la sociedad frente a las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida. El Estado debe garantizar la Seguridad Social como un derecho universal e integral del venezolano mediante un Sistema de labor solidaria, eficiente y participativa, donde las contribuciones no serán un impedimento para el goce de esta protección. Todo venezolano debería estar protegido por la Seguridad Social, como lo señala el Artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999):

Artículo 86: Toda persona tiene el derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y asegure protección en contingencia de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudez, orfandad, viviendas, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social.

Autores como Domínguez, citado por Candina (2005), abogado conocido por su participación en el movimiento de derechos humanos chileno, opina que la seguridad no es lo opuesto a los derechos humanos, sino precisamente uno de ellos: el derecho a sentirse seguro, a confiar y a que se ofrezcan todas las garantías de vivir pacíficamente.

Ahora bien, al hablar de seguridad se debe hacer la distinción entre la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva.

Según Candina (op. cit.)

Mientras la (in)seguridad objetiva es la posibilidad real de ser justamente objeto de un acto delictivo, la subjetiva es definida por el temor a esos riesgos, coincida o no con los datos de la realidad. Se arguye que la inseguridad subjetiva es tan dañosa como la objetiva para la sociedad; provoca fragmentación de los lazos sociales, desconfianza entre las personas y hacia las instituciones, pérdida de plusvalía de propiedades y zonas urbanas completas y gastos de seguridad privada que podrían dedicarse a otras actividades.

En los actuales momentos, como se señaló anteriormente, el número de personas desempleadas es significativo, ellas son afectadas por la inseguridad objetiva, pero también gran número de personas empleadas están siendo atacados por la seguridad subjetiva. El fantasma de la inestabilidad laboral existe tanto en la empresa privada como en la empresa pública. En la empresa privada porque pareciera ver cierto hostigamiento del estado en contra de la marcha fluida de los negocios privados, especialmente los más prósperos y productivos, lo cual pone a bailar en un hilo la continuidad de operaciones de la organización y en la empresa pública porque:

1.) El término de vigencia de un gran número de contratos laborales está vencido y el Estado no presenta la voluntad de sentarse a discutir una nueva contratación;

2.) Si la filosofía del trabajador no está plenamente identificada con la filosofía política de Gobierno, sufre este trabajador de incertidumbre laboral, seguridad subjetiva ocasionada por el temor de ser despedido en cualquier momento, aún violando en algunos casos la condición de empleado de carrera.

3.) Algunos trabajadores públicos se sienten vejados, pisoteados en su dignidad al ser obligados a ejecutar tareas que le son ajenas a su cargo como entregar panfletos y propagandas de carro en carro y de casa en casa, pintar paredes, barrer calles públicas, cortar montes; obligados a “contribuir” pecuniariamente con gastos del partido del Gobierno de turno y a marchar y hacer masa en los eventos oficialistas. Esto les presenta un conflicto interno que en caso extremo les puede llevar a renunciar al trabajo.

Últimamente se ha visto como el escenario nacional se ha tornado revoltoso, con mucha inestabilidad en lo social, político y económico. Es preocupante la realidad económica del país producto de su inestabilidad política que ha conllevado al poco interés de inversión extranjera y aun de capitalistas nacionales. En educación, a pesar que los centros de estudio en los diversos niveles han aumentado en número de planteles y oportunidades de estudio (Las Misiones, Universidades Politécnicas, Universidad Bolivariana), no ha ocurrido así en la calidad académica de los egresados. Como consecuencia, la competencia laboral se hace más cuesta arriba para estos recién egresados cuando no pueden rendir igual que otros profesionales recién egresados de las universidades tradicionales. Al darse cuenta de esta realidad estos egresados corren el riesgo de caer en estados de frustración.

El desempleo también genera pobreza. Mientras menores sean los ingresos de cada familia, menor va a ser su capacidad adquisitiva. Al respecto Torres (2000) comenta:

… en los últimos veinte años hemos visto crecer considerablemente el número de pobres. Pero además, los pobres de hoy son mucho más pobres que los de ayer, y los que ayer no eran tan pobres, hoy han pasado a formar parte de la pobreza del país…

Este autor distingue entre pobreza y pobreza crítica, siendo los primeros aquellos que solo pueden acceder a los requerimientos esenciales para una vida digna y los segundos aquellos que no tienen acceso a la canasta básica.

Años atrás una familia podía sustentarse con el sueldo de una sola persona, esto puede apreciarse claramente en el contenido del artículo 138 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece:

Artículo 138: El salario debe ser justamente remunerador y suficiente para el sustento del trabajador y de su familia. Los aumentos y ajustes que se le hagan serán preferentemente objeto de acuerdo. En caso de aumentos desproporcionados del costo de vida, el Ejecutivo Nacional, oyendo previamente a la organización sindical de trabajadores más representativa y a la organización más representativa de los patronos, al Banco Central de Venezuela y al Consejo de Economía Nacional, podrá decretar los aumentos de salario que estime necesarios, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. (Resaltado de las autoras)

Es claro, como el mencionado artículo indica, que con el sueldo de una sola persona deberían cubrirse las necesidades básicas de toda una familia. Hoy día se puede apreciar como para mantener un hogar es necesario por lo menos el salario de dos personas. El salario básico se ve mermado y fuertemente deteriorado con los elevados niveles de inflación y si a esto le sumamos lo difícil que se hace cada vez conseguir trabajo, puede apreciarse entonces la crisis económica-social por la que atraviesa el país.

A través de los años se ha observado como se incrementa la tasa de desempleo, es por ello que surge la inquietud y se hace necesario el estudio del Desempleo en Venezuela. Según declaraciones de José Guerra (2009), “La economía en Venezuela está en una fase de recesión y se traduce en que la gente pierde el trabajo y el desempleo empieza a subir en el país” (José Guerra, entrevista personal, Marzo 19, 2009)

Hoy día, debido a la inflación siguen estando presentes factores que cada día deprimen más a la sociedad; ya que en su entorno se sigue reflejando la inseguridad, la pobreza, la riqueza de una minoría.

La Seguridad Social

La Seguridad Social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883. La expresión "Seguridad Social" se populariza a partir de su uso por primera vez en una ley en Estados Unidos, concretamente en la "Social Security Act" de 1935; y en nuestro país aparece el 9 de octubre de 1.944.

La Seguridad Social se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas.

En la Ley Orgánica de Seguridad Social, la seguridad social "es un derecho humano" y social fundamental e irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los venezolanos residentes en el territorio de la República, y a los extranjeros residenciados legalmente en él, independientemente de su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta, conforme al principio de progresividad y a los términos establecidos